César Urbano Taylor: Las letras chicas dentro del levantamiento de una obra
Hay inversionistas que cuentan con posibilidades en todos los aspectos para que una operación se lleve a cabo, tales como fideicomisos, garantías hipotecarias y mobiliarias.
Para detectar que una garantía es válida, toca verificar que cada uno de los requisitos estatutarios o de los manuales que se constituirán para levantar la operación, no cuenten con gravámenes o compromisos previos que limiten su eficacia. Esto último es determinante pues, por lo general, la prioridad en la garantía sobre un bien se determina por el grado y la fecha de constitución.
Entrando a temas ambientalistas, es importante resaltar que toco comprador o vendedor que genere daños ambientales deberá responder por los mismos, sobre todo en aquellos casos en los que se tenga conocimiento de una afectación a terceros. En momentos así, el lío es gordo.
Por último, pero no menos importante, la insolvencia del prestatario tiene como efecto que no continuar los trámites de demanda y cuyos procesos deberán ser incorporados a todo lo referente a efectos de calificación del comprador y posterior pago del inmueble, más impagos, más impuestos de diversas índoles.
La competencia existente en las constructoras, en materia de adopción de licencias urbanísticas, radica en quién posea buenos contactos dentro de las Secretarías de Planeación de los Municipios o Distritos porque son éstos los que definen las acciones urbanísticas que se pueden ejercer en un determinado sector. Este actor interviene en el crecimiento de un urbanismo es el Plan de Ordenamiento Territorial, POT.
Cuando se realizan trámites con varios entes del Estado para, por ejemplo, ejecutar el levantamiento de una obra e implementar los sistemas de reparto de cargas y beneficios, en el marco de la Ley 388 de 1997, los POT de la entidad territorial y sus normas reglamentarias se establece quiénes y hasta qué punto, cada una de las partes involucradas debe responder por ciertos imprevistos que ocurran.
